El objetivo de las empresas reside en ganar dinero, sin
embargo la Administración nace como un instrumento del que se dota una
colectividad para, bajo la correspondiente dirección política, retornar a dicha
sociedad un valor público en forma de servicios, entorno jurídico o fomento de
valores. Su razón de ser no viene afectada por cuestiones de mercado sino por
la legitimidad que su actuación adquiere frente a los ciudadanos. En un
escenario donde la innovación adquiere un papel destacado y los propios
ciudadanos son parte del proceso (como emisores o receptores de innovaciones) sólo
la capacidad que tenga la Administración en adaptarse a las transformaciones y
generar soluciones que puedan atender las nuevas necesidades sociales servirá
para reforzar su legitimidad ante los mismos.
Hablar pues de innovación en lo público implicaría hacerlo
desde un cambio de paradigma que afectara realmente a la esencia de la
actuación administrativa. Por ejemplo, la implantación real del concepto de
“open government” (gobierno abierto) dando la oportunidad a los
ciudadanos de ser los verdaderos protagonistas de la esfera pública
permitiéndoles un diálogo útil con la Administración, coproducir o participar
en la definición de su propio catálogo de servicios públicos.
La realidad, sin embargo, nos muestra que estamos aún lejos
de poder hablar de una verdadera innovación en el ámbito público. La innovación
demanda de un contexto que la propicie y la estimule, no presentando las
organizaciones públicas las condiciones más adecuadas: la formalidad burocrática
es la antítesis del caos informal característico del proceso innovador, cercena
la iniciativa de los numerosos innovadores que se puedan encontrar en las filas
del sector público y penaliza el riesgo.
Por ello, en lo público, acaba optándose por procesos de
cambio más de tipo incremental, imperceptible y continuado en el tiempo. Este es
el caso de los procesos de modernización, como fue la implantación de
Administración electrónica consistente en la introducción de tecnología sin
provocar demasiadas alteraciones en el funcionamiento de la maquinaria
administrativa.
Pasar de modernizar a innovar en el sector público supone
excelentes oportunidades en términos de legitimidad tanto de rendimiento como a
nivel institucional ante la sociedad. Las herramientas existen en forma de
avanzadas tecnologías. Se requiere coraje político, confianza en los
trabajadores y trabajadoras públicos y superar los moldes tradicionales. La
tarea es difícil como bien sabemos quienes trabajamos desde hace años en la
Administración pública, pero imprescindible en el contexto actual si la
Administración quiere incorporarse a la sociedad del conocimiento.
La innovación en el sector público no supone únicamente
implementar algo nuevo, sino que también debe perseguir el logro de resultados
de valor para la sociedad:
“Innovación en el sector público = Nuevas ideas que
funcionan a la hora de crear valor público”
Así, cada innovación pública ha de tener como objetivo
abordar un reto de política pública y una innovación pública exitosa es aquella
que logra el resultado deseado.
“Un oxímoron (del griego ὀξύμωρον) es una figura retórica en
la que aparece una contradicción, combinándose dos palabras o expresiones de
significado opuesto y que dan lugar a un sentido nuevo”
